El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) aprobó intervenir al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).

Según un comunicado de prensa, emitido por Casa Presidencial, “los costarricenses no deben temer frente a esta decisión. Bancrédito salió de la intermediación financiera desde hace varios meses y desde entonces hasta ahora ha pagado todas sus deudas, cerrado todas las cuentas del público y devuelto a sus propietarios la totalidad de los fondos que resguardaba para ellos”.

Además, asegura que esta decisión no tendrá efectos sobre ningún otro banco del sistema financiero y por ello hace un llamado a la calma a todas las personas. Además en dicho documentos, el Gobierno de la República rechaza y califica como injustificada esta decisión de CONASSIF, por tres razones:

Primero, la intervención es ilegal. El único acreedor con el que Bancrédito tiene deudas a la fecha es el Ministerio de Hacienda (por el orden de ¢128.000 millones), habiendo cancelado sus obligaciones con todos los otros ahorrantes e inversionistas. En tal razón, la finalidad esencial del acto administrativo de la intervención ha desaparecido porque, de acuerdo a la ley, el objeto es proteger a los ahorrantes e inversionistas.

Segundo, la intervención resultaría más costosa, prolongada y gravosa que el proceso de salida de intermediación. Este se ha llevado a cabo de una manera ordenada y sin afectar la estabilidad del sistema financiero local, y sin que haya atentado contra la integridad financiera de los empleados de la institución.

Tercero. La transformación del Bancrédito en un Banco de Fomento, tal como lo propuso el Gobierno a la Asamblea Legislativa, es una oportunidad valiosa para Costa Rica, que puede estimular la ejecución de operaciones que el sector financiero no realiza con la intensidad y regularidad que se requieren, como el fomento de la actividad productiva, emprendedurismo, innovación e internacionalización, entre otros.

Además el Gobierno señaló que tanto el interventor asignado, así como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el CONASSIF asumen la responsabilidad y consecuencias que genere esta intervención.

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