Por: Andrés Cascante E.

-De Infobae. El comisionado para la Organización de las Naciones Unidas del gobierno interino de Juan Guaidó, Miguel Pizarro, denunció al régimen de Nicolás Maduro de violar un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para atender la pandemia del covid-19 en Venezuela.

El funcionario recordó, en un comunicado, que en junio del 2020 se firmó un acuerdo entre el equipo técnico de la Asamblea Nacional de Venezuela -controlada por la oposición- y el ministro del Poder Popular para la Salud (MPSS) del régimen para la ejecución del plan de “Respuesta a la Epidemia de covid-19 en Venezuela” por parte de la OPS.

El plan contemplaba la compra de pruebas rápidas para diagnóstico confirmatorio “SD Biosensor”. Y “efectivamente, el 1 de octubre de 2020, la OPS adquirió 10 equipos SD Biosensor (F-100) y 340.000 cartuchos para la detección cualitativa del antígeno específico del virus SARS-CoV-2. El proveedor donó 18 equipos (F-200) adicionales”, manifestó Pizarro.

“Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, estos equipos están destinados a estar en los centros de salud de alta rotación de pacientes con sospecha de covid-19. En principio, las partes involucradas en el acuerdo establecieron que los equipos y las pruebas se ubicarían en 27 hospitales centinelas para covid-19 de los estados del país, incluido el Distrito Capital. Sin embargo, después de la entrega de los equipos y cartuchos por parte de la OPS al Instituto Nacional de Higiene (INH), el régimen tomó la decisión unilateral de trasladar los equipos a las redes de laboratorios de salud pública regionales y otros centros no autorizados ni preparados para la atención de pacientes con COVID-19″, denunció el político opositor.

Luego, expresó que “desde el mes de noviembre, cuando el equipo técnico de la Asamblea Nacional fue informado vía telefónica de este cambio inconsulto, se levantaron las primeras alarmas y, desde entonces, desde el Gobierno Interino y la Asamblea Nacional -junto a OPS- hemos hecho los esfuerzos posibles para que sean devueltos los equipos a las sedes acordadas en un principio, sin obtener respuesta”.


“Ante esto, consideramos que la decisión unilateral del régimen de ubicar las máquinas para la prueba de antígeno en los laboratorios de salud pública regional, y en otros entes con baja afluencia de casos de COVID-19, representa una clara violación del acuerdo, ya que esta decisión significa un uso ineficiente de estas máquinas, alejando las pruebas del paciente y evitando la descentralización de las pruebas, uno de los objetivos de esta compra”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional, agencias humanitarias, organizaciones multilaterales, Organizaciones No Gubernamentales y demás actores a “sumarse a la denuncia y la procura de que los equipos, pruebas e insumos para la atención de la COVID-19 en Venezuela sean usadas y se pongan al servicio de los venezolanos.

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