Por Alejandro Meléndez D.

La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia del Congreso rechazó un proyecto de ley que pretendía obligar a las mujeres a presentar facturas para demostrar que la pensión alimenticia que reciben sea invertida en sus hijos.

Con cuatro votos a favor y dos en contra, la iniciativa de ley termina su curso en la corriente parlamentaria sin éxito.

El diputado proponente del proyecto, el independiente Harllan Hoepelman, lamentó la decisión de sus compañeros y afirmó que se debe pensar en el derecho de las personas menores de edad.

Por su parte, la diputada oficialista Nielsen Pérez celebró el archivo del plan y aseguró que una exigencia de este tipo sería violencia patrimonial contra las mujeres.

También en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), mostraron su satisfacción por la decisión de los diputados. La presidente ejecutiva de esa institución, Patricia Mora, tuiteó que se debe luchar contra todo tipo de violencia contra las mujeres.

El proyecto pretendía reformar el artículo 171 del Código de Familia, de modo que la persona que pagase la pensión, el propio niño o la niña o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) pudieran solicitar facturas que respaldaran el uso de los recursos, hasta una vez al año, de modo que pudieran judicializar cualquier diferencia y solicitar el traslado de la administración de los recursos a algún tercero.
Datos del Observatorio de Género del Poder Judicial indican que en el país existen alrededor de 190 mil expedientes abiertos de pensiones alimentarias, con un monto promedio de ¢102.671 mensuales.

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