Por Alejandro Meléndez D.

La Fiscalía abrió expediente por presuntas irregularidades en la entrega de los bonos Proteger, creado por el Gobierno para ayudar a las familias más afectadas por la pandemia del Covid-19.

En dicho expediente se investigará el presunto delito de “incumplimiento de deberes” por la supuesta entrega de ayudas sociales de forma incorrecta.

“Tras analizar el informe solicitado a la Contraloría General de la República”, la Fiscalía determinó la apertura de una investigación por el presunto delito de incumpliendo de deberes.

En dicho informe de la Contraloría se reveló que el 16,4% de los bonos fueron entregados a personas que podrían contar con impedimentos para recibirlo, esto representaría un total de ¢7.490 millones.

Además, se indica que entre el 10.3% y el 20.7% son casos que muestran niveles de riesgo debido a que las personas pudieron haber suministrado información errónea e inconsistencia. Este hallazgo representa un monto depositado de hasta ¢7.500 millones.

Por otra parte se manifiesta que al 20.4% de los beneficiarios del bono se les asignó un monto mayor al que les correspondía, lo que representa un monto total de ¢4.475 millones.

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