Los empleados de la Municipalidad de Limón deberán capacitarse en el trato a las personas con discapacidad, según ordenó la Sala Constitucional.

El alto tribunal declaró con lugar, y por unanimidad de los magistrados, un recurso de amparo planteado por un colaborador del ayuntamiento limonense, quien se desplaza en una silla de ruedas.

El recurrente argumentó que que el inmueble carece de las condiciones de infraestructura necesarias para una persona en su condición, por ejemplo: rampa, servicio sanitario acorde con la ley 7600. 

Además sostiene que estas situaciones menoscaban su condición de dignidad humana y devienen en un trato degradante, discriminatorio e irracional.

De esta forma, la Sala le da un plazo de un mes al municipio para que coordine lo necesario para adecuar las instalaciones de conformidad con la legislación 7600.

Igualmente, la municipalidad caribeña cuenta con seis meses para ponerse de acuerdo con Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para impartir el curso al personal.

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