La Procuraduría General de la República afirmó que el acuerdo de la Corte Plena para continuar pagando los pluses salariales de sus funcionarios de forma porcentual y no con montos fijos, es inconstitucional.

La Procuraduría sustentó su posición al afirmar que se realizó una «desaplicación indebida» de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Así se desprende de un oficio como aporte de una acción de inconstitucionalidad presentada contra ese pacto por el diputado socialcristiano Pedro Muñoz.

Ese oficio sirve como consejo imparcial a la Sala Constitucional para tomar una decisión sobre los eventuales roces a la Ley 9635 de ese acuerdo.

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