Por Alejandro Meléndez

La Sala Constitucional, en la sentencia N° 2020-009738, le ordena al Ministerio de Justicia y Paz emitir en un plazo de 15 días un protocolo para atender una eventual propagación masiva del COVID-19 en el sistema penitenciario.

Así lo dispuso el Tribunal en la votación de este viernes 29 de mayo al declarar parcialmente con lugar un habeas corpus presentado a favor de una persona privada de libertad, quien, debido a una condición especial de salud, presenta una mayor vulnerabilidad ante el coronavirus.

En el trámite del recurso, tanto la autoridad recurrida como el Ministerio de Salud informaron a la Sala Constitucional que no cuentan con un protocolo para atender una propagación masiva del COVID-19 en los centros penales. Lo anterior, concluye el Tribunal, lesiona el artículo 21 de la Constitución Política (que señala: “La vida huma es inviolable”) pues no se garantiza la atención a la salud de las personas privadas de libertad.

La resolución, que se dictó de forma unánime, señala que el protocolo debe seguir los lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud para prisiones y centros de detención. Entre los aspectos a considerar debe tomarse en cuenta:

  • La capacidad de camas en las clínicas de los centros penales, o en los espacios dispuestos para tales efectos, para atender privados de libertad que figuran como casos sospechosos o casos positivos del COVID-19.
  • La capacidad de atención de pacientes en dichas clínicas o en los espacios dispuestos para tales efectos.
  • En caso de ser necesario, construcción de infraestructura, implementación de hospitales campaña, o cualquier otra necesidad estructural para generar nuevos espacios de aislamiento y tratamiento de casos sospechosos, positivos y contagios masivos.
  • Materiales de protección y desinfección como mascarillas, guantes, respiradores, medicamentos, personal de enfermería y personal médico profesional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here