Por Alejandro Meléndez D.

La Contraloría General externó este jueves que las instituciones que negocien convenciones colectivas están obligadas a respetar la Ley 9635, aprobada en 2018, y no crear incentivos salariales que no estén contemplados en esa legislación.

Así contestó el ente contralor a una consulta realizada por el diputado socialcristiano Pedro Muñoz, quien denunció que la convención colectiva negociada hace unas semanas entre el Ministerio de Educación, el de Trabajo y los sindicatos del sector educación; es ilegal.

El oficio en cuestión fue remitido por el Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría.

Desde que se promulgó la Ley 9635, la Contraloría tiene detalle de que se han pedido revisiones sobre las convenciones en el Banco Nacional, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Inamu, el Banco Central y las municipalidades de Parrita, Guatuso, San Carlos, Quepos, Tilarán y Puntarenas.

Hasta la fecha, Trabajo solo ha homologado la del Banco Nacional, la del AyA y la de la Municipalidad de San Carlos.

El diputado Muñoz celebró el criterio que envió la Contraloría.

El oficio señala a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, que en ningún caso la indemnización de cesantía puede ser mayor a 12 años y que cuando se renegocien convenciones en el sector público, la revisión debe respetar la Ley en todos sus extremos.

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