El jueves 9 de febrero, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega indicó que su esposa y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, se acercó a Estados Unidos con el fin de acordar la «liberación» de 222 presos políticos, los mismos fueron liberados y deportados hacia dicho país.
Sin embargo, lo que no dijo el autócrata es que el régimen sandinista ocultó a su contraparte un punto esencial del acuerdo, ya que los presos iban a perder su nacionalidad en cuanto salieran del país centroamericano.
Como parte de la operación, la vicepresidente ordenó emitir 222 nuevos pasaportes, entregados por las autoridades migratorias a los presos minutos antes de abordar el avión del destierro, lo que desconocían es que serían apátridas cuando salieran de territorio nicaragüense.
La Asamblea Nacional se reunió de urgencia para reformar el artículo 21 de la Constitución Política y despojar a los presos de su nacionalidad; Estados Unidos sometió a las 222 personas a un proceso migratorio estadounidense e incluso solicitaban dinero a cambio de los trámites.
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español anunció que ofrecía la nacionalidad española a los 222 presos políticos desterrados por Ortega, lo que fue una gran noticia para ellos.
Ortega dijo en su discurso que la decisión de liberarlos fue un «asunto de honor, dignidad, patriotismo» y no un acuerdo para allanar una negociación con el Gobierno de Estados Unidos.
En total eran 228 los reos de conciencia que serían enviados a Estados Unidos, no obstante, se redujo la lista porque cuatro fueron rechazados por Estados Unidos y dos decidieron quedarse, uno de ellos fue monseñor Rolando Alvarez.
