La diputada Daniela Rojas, del partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley que propone la intervención de las autoridades judiciales en comunicaciones orales, escritas y de cualquier tipo, cuando se identifique que se trata de una extorsión de deudores.
Según la congresista, el texto propone la creación de un nuevo tipo penal denominado «extorsión agravada».
La pena propuesta a cumplir en el caso de extorsión agravada, sería de cinco a diez años de prisión; en casos de lesiones graves, la pena sería de cuatro a seis años; y para lesiones leves, la pena oscilaría entre nueve meses y un año de prisión.
La diputada enfatizó la urgencia de frenar a las bandas de extorsionadores que afectan a los costarricenses y se aprovechan de ellos. Destacó que no se puede permitir que los casos de extorsión sigan en aumento mientras las autoridades carecen de las herramientas necesarias para enfrentar esta problemática.
De acuerdo con la congresista, la iniciativa representa un importante paso hacia la protección de la sociedad contra este tipo de delito y busca brindar una respuesta contundente a quienes perpetran actos de extorsión en el país.
