Las detenciones del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla; y el director de Aviación Civil, Marcos Castillo, desataron fuertes reacciones en la Asamblea Legislativa.
Los tres son investigados por presunta malversación de fondos, tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber.
El jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, calificó los allanamientos como “un gran avance” en el proceso judicial.
Desde Liberación Nacional, el diputado Óscar Izquierdo expresó respeto por el proceso judicial y aseguró que su fracción advirtió anteriormente sobre irregularidades en la gestión del proyecto.
El diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), fue más contundente al afirmar que hubo manipulación de información para justificar una falsa emergencia, presiones a técnicos y sobreprecios millonarios.
Recordó que incluso el presidente de la República, Rodrigo Chaves, removió al exministro Amador por anomalías en la obra.
El congresista del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega señaló que la destitución de jerarcas como Amador y Naranjo fue un intento de encubrir una contratación hecha a la medida de MECO, con un sobrecosto de 2 millones de dólares.
Ortega acusó al presidente Chaves de conocer y avalar el plan, pese a la ausencia de sustento técnico y el uso de fotografías falsas para justificar la emergencia.
Los allanamientos se realizaron en varios sectores del país como Curridabat, Pavas, Oreamuno en Cartago, Santa Bárbara de Heredia, con el objetivo de decomisar evidencia de relevancia para la investigación.
