El Tribunal Supremo de Elecciones analiza una denuncia que señala supuestas acciones en centros penitenciarios que podrían impedir que los privados de libertad ejercer el derecho al voto en las elecciones nacionales del próximo 1.º de febrero.
El reclamo apunta a dos hechos principales: la presunta destrucción o decomiso de cédulas de identidad durante requisas internas y traslados de reclusos sin aviso previo, situaciones que dificultarían la actualización del domicilio electoral.
La gestión proviene de un privado de libertad recluido en el ámbito de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.
En redes sociales y en denuncias públicas también circulan señalamientos sobre cédulas quebradas, falta de información electoral y traslados injustificados.
Organizaciones como Familia Penitenciaria Unida y la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias aseguran recibir reportes constantes sobre estas situaciones.
El Ministerio de Justicia y Paz negó los señalamientos.
Desde 2014, el TSE estableció que cuando un recluso empadronado en un centro penitenciario cambia de lugar de reclusión, la administración debe comunicarlo al Registro Civil para ajustar los padrones, incluso el mismo día de la elección. La denuncia sostiene que este procedimiento no siempre se cumple.
