El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó de Nicaragua a al menos 261 líderes religiosos desde 2018, según el informe Fe bajo fuego del Colectivo Nicaragua Nunca Más, una ONG de derechos humanos.
El documento revela que entre los expulsados se cuentan cuatro obispos, unos 140 sacerdotes, más de 90 religiosas, una decena de seminaristas y tres diáconos.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, figura en la lista junto con los obispos Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos e Isidoro del Carmen Mora Ortega.
El gobierno también ordenó la salida del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag en marzo de 2022, un punto de quiebre en las relaciones con la Santa Sede.
El conflicto entre el Estado y la Iglesia alcanzó un nivel internacional. En marzo de 2023, el difunto papa Francisco calificó al gobierno nicaragüense como una “dictadura grosera”, tras meses de tensión diplomática y denuncias de violaciones a la libertad religiosa.
Ortega respondió con medidas drásticas. El Ejecutivo disolvió y expropió la Compañía de Jesús, orden religiosa de la que provenía el papa Francisco, y calificó repetidas veces a la Iglesia católica de “mafia” y antidemocrática.
Además de los destierros, el informe documenta que el Estado cerró miles de asociaciones civiles, entre ellas numerosas instituciones religiosas, y clausuró decenas de medios de comunicación de carácter religioso entre 2018 y 2025.
