La Defensoría de los Habitantes resolvió a favor de una mujer a quien el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le eliminó un subsidio sin valorar justificaciones médicas.
La beneficiaria acreditó que se ausentó de un proceso de formación por razones de salud propias y de su hija menor de edad; de acuerdo con el ente defensor, el IMAS aplicó la exclusión automática del beneficio sin analizar el contexto.
La Defensoría determinó que la decisión omitió la condición de mujer cuidadora en situación de pobreza y concluyó que la medida generó discriminación indirecta al no aplicar un trato diferenciado.
La defensora Angie Cruickshank Lambert afirmó que el derecho al cuidado es un derecho humano autónomo.
La Defensoría recomendó al IMAS restituir el beneficio económico y ajustar sus criterios.
La institución pidió incorporar el derecho al cuidado en las decisiones administrativas para evitar exclusiones que vulneren derechos.
