Los primeros 100 días de Laura Fernández en la Presidencia de Costa Rica han estado marcados más por la confrontación política y las polémicas que por grandes resultados de gestión.
La mandataria abrió su administración con una serie de decisiones y declaraciones que generaron cuestionamientos dentro y fuera del país. Sin embargo, el mayor conflicto surgió con el Poder Judicial, una disputa que alcanzó su punto más alto el pasado 31 de julio.
Ese día, Fernández, acompañada por miembros de su gabinete y diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano, acusó a magistrados de la Sala Constitucional de dar un “golpe de Estado” después de que ese tribunal prorrogara los nombramientos de magistrados suplentes.
La politóloga Kattia Benavides brindó más detalles de los conflictos entre Fernández y el Poder Judicial en los primeros 100 días.
El enfrentamiento también impulsó una movilización ciudadana en defensa del Poder Judicial. El llamado “plantón” reunió a magistrados, funcionarios judiciales, expresidentes, diputados y ciudadanos que cuestionaron los ataques contra la institucionalidad.
Pifias y cuestionamientos desde el arranque
El Gobierno también recibió críticas por decisiones que, según especialistas, aportaron poco o incluso repitieron disposiciones que ya existen.
El 8 de mayo, durante su primer día en el cargo, Fernández anunció un decreto para establecer administrativamente el llamado “año carcelario” de 360 días, con meses de 30 días para el cálculo de las penas.
El problema: ese criterio ya figura en la legislación costarricense.
Un mes después, en junio, la presidente presentó seis proyectos de ley para enfrentar la inseguridad. Expertos en derecho señalaron que algunas propuestas repiten normas vigentes y que otras podrían enfrentar problemas de constitucionalidad.
La detonación en Crucitas
Durante el recorrido por la zona se escuchó una detonación y las autoridades evacuaron a la presidente. El Gobierno vinculó inicialmente el hecho con la visita presidencial, pero días después el ministro de Seguridad, Gerald Campos, descartó que se tratara de un disparo y afirmó que las autoridades tampoco tenían certeza de que el sonido hubiera ocurrido en territorio costarricense.
A esto se sumaron las denuncias de amenazas contra la mandataria.
Fernández afirmó en julio que recibió al menos nueve amenazas de muerte y mencionó un supuesto plan para atacar mediante un francotirador.
El ROP: una promesa que perdió fuerza
Otro punto de cuestionamiento llegó con el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.
Durante la campaña electoral, Fernández respaldó la posibilidad de que trabajadores y pensionados retiraran de manera anticipada los recursos acumulados en sus cuentas individuales.
Sin embargo, una vez en el Gobierno, esa posición perdió fuerza.
Figuras del propio oficialismo, como Nogui Acosta, rechazaron la entrega total de los fondos por el riesgo que, según argumentaron, implicaría para las futuras pensiones.
Pese a que el Poder Ejecutivo controló la agenda legislativa durante los primeros tres meses de la administración, Fernández no impulsó los proyectos relacionados con el retiro anticipado del ROP.
La situación generó críticas de sectores sindicales y ciudadanos que reclamaron por un cambio respecto de las promesas realizadas durante la campaña.
Impuestos: un Gobierno que cambia el discurso
Fernández defendió una estrategia para fortalecer las finanzas públicas sin crear ni aumentar impuestos, pese a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, su Gobierno respaldó inicialmente una propuesta de Hacienda para analizar un aumento del IVA sobre productos de la canasta básica.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió el 15 de julio la posibilidad de eliminar la tarifa reducida del 1% y llevarla al 13%. Incluso calificó como “emperifollados” a los hogares de mayores ingresos que, según su argumento, reciben mayor beneficio de esa tarifa.
La posición cambió semanas después. El 5 de agosto, Chaves afirmó que Hacienda no desarrolla ningún plan para aumentar el IVA a los productos de la canasta básica.
El viraje alimentó las dudas sobre la política tributaria del Gobierno y sobre la claridad de su estrategia para enfrentar la caída de los ingresos fiscales.
Polémicas internacionales
En mayo, Fernández elevó el tono contra Panamá por el bloqueo comercial que ese país mantiene desde 2019 contra productos agrícolas costarricenses, entre ellos lácteos, carnes, piña y banano.
La presidente anunció mecanismos internacionales de presión y decidió no asistir a una reunión de la OEA en territorio panameño. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a los reclamos y defendió las medidas de protección de su mercado.
El conflicto comercial escaló incluso al ámbito energético. Mulino anunció que Panamá dejaría de vender electricidad a Costa Rica. Sectores de oposición cuestionaron la estrategia de Fernández y consideraron que el Gobierno convirtió un diferendo comercial en un conflicto diplomático.
Un mes después, la presidente volvió a generar críticas por sus declaraciones sobre Nicaragua. Fernández afirmó que los nicaragüenses tienen el Gobierno que eligieron y evitó calificar como dictadura al régimen de Daniel Ortega.
La posición generó rechazo entre opositores costarricenses, exiliados nicaragüenses y autoridades estadounidenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó al régimen de Ortega como una amenaza regional.
100 días marcados por el conflicto
Benavides indicó cuáles son los mayores retos de la presidente Laura Fernández.
Más que una gestión concentrada en resultados, estos primeros 100 días dejan como principal característica la confrontación con instituciones, opositores y gobiernos extranjeros, además de decisiones que generaron dudas sobre la consistencia de las posiciones del Ejecutivo.
