Gobierno de Trump busca triplicar costo universitario para estudiantes indocumentados en 21 estados
La Administración de Donald Trump mantiene una disputa judicial contra 21 estados de Estados Unidos que permiten a estudiantes indocumentados acceder a tarifas universitarias reducidas, similares a las que pagan los residentes. El Gobierno federal sostiene que estas normas contradicen una ley aprobada por el Congreso en 1996.
La diferencia entre las tarifas puede alcanzar hasta tres veces el costo que pagan los residentes. En Washington, por ejemplo, un estudiante residente pagaría $13.406 por el año académico 2026-2027 en la Universidad de Washington, mientras un estudiante de fuera del estado asumiría un costo de $44.460.
La semana pasada, Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington se sumaron a los otros 17 estados que enfrentan demandas del Gobierno federal. Las normas de estos estados permiten que estudiantes sin estatus migratorio regular accedan a tarifas para residentes si cumplen requisitos como haber cursado y completado la secundaria dentro del estado.
La Administración Trump argumenta que los estados no pueden otorgar a extranjeros indocumentados beneficios que no conceden bajo las mismas condiciones a ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia sostiene que los estados deben aplicar las mismas tarifas a todos los ciudadanos del país.
Los estados demandados rechazan esa interpretación y defienden su derecho a establecer sus propias políticas educativas. También sostienen que sus normas no dependen exclusivamente de la residencia, sino de factores como el lugar donde el estudiante cursó la secundaria.
La disputa afecta especialmente a los llamados dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia y completaron gran parte de su formación académica en el país. Para muchas de estas familias, la diferencia entre las tarifas estatales y las de estudiantes de fuera del estado puede definir si un joven continúa o abandona sus estudios universitarios.
Algunos estados ya modificaron sus políticas después de fallos judiciales adversos. Nebraska, Oklahoma, Texas e Illinois cancelaron los beneficios que ofrecían a estudiantes indocumentados. En Kentucky, un juez respaldó la posición federal, aunque una organización defensora de los derechos de los latinos apeló la decisión.
La batalla legal también registra fallos favorables a los estados. En marzo, un juez federal desestimó una demanda contra Minnesota, aunque el Departamento de Justicia apeló esa resolución.
Además de los cuatro estados incorporados recientemente, la lista incluye Connecticut, Nueva York, Vermont, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Colorado y Maryland. La resolución de estos procesos definirá el acceso de miles de estudiantes indocumentados a tarifas universitarias más bajas en Estados Unidos.
