Las instituciones públicas tendrían un plazo máximo de cinco días hábiles para responder ante un amparo de legalidad, según un proyecto presentado por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Jesús Antonio Calderón.
La iniciativa, bajo el expediente 25.758, busca reformar el Código Procesal Contencioso Administrativo para simplificar este mecanismo y reducir los atrasos en trámites y solicitudes de los ciudadanos.
El amparo de legalidad permite reclamar cuando una institución pública no responde una gestión a tiempo o no concluye un trámite dentro del plazo establecido por ley.
Calderón afirmó que muchas personas enfrentan atrasos y trabas burocráticas cuando una institución pública no responde a tiempo.
El proyecto plantea que cualquier persona pueda presentar el recurso sin necesidad de un abogado y sin costo.
Además, obligaría a la institución señalada a rendir un informe ante el tribunal en un plazo improrrogable de cinco días hábiles.
Si la entidad no responde dentro de ese periodo, el juez podrá dar por ciertos los hechos denunciados y ordenar el cumplimiento de la gestión reclamada.
Los informes también tendrían carácter de declaración bajo juramento, por lo que los funcionarios podrían enfrentar consecuencias legales o administrativas en caso de falsedad u omisión.
La propuesta también obligaría a todas las instituciones públicas a integrarse al Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial para acelerar las notificaciones y el traslado de expedientes.
