Poder Judicial alerta que bloqueo de ₡30 mil millones podría anular juicios y frenar combate al crimen
El Poder Judicial advirtió que las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda para liberar casi ₡30 mil millones de su presupuesto 2027 podrían afectar investigaciones, servicios judiciales e incluso provocar la anulación de juicios.
El proyecto de Presupuesto Nacional asigna ₡530.973 millones al Poder Judicial, pero ₡29.843 millones quedan sujetos al cumplimiento de varios requisitos antes de poder utilizarse.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero Jenkins, explicó que la falta de certeza sobre la disponibilidad de esos recursos complica la planificación de contratos, compras y obligaciones institucionales.
Entre los requisitos para liberar el dinero figuran auditorías externas, certificaciones de la Contraloría General de la República (CGR), aprobación de una comisión legislativa, aval del Plenario y una orden final al Ministerio de Hacienda.
El director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow-Hing, detalló que el procedimiento no establece un plazo cierto para disponer de los recursos y podría retrasar durante meses la ejecución presupuestaria.
La restricción también podría afectar el funcionamiento del Ministerio Público y limitar recursos necesarios para atender investigaciones y otros procesos penales.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, se refirió a las posibles consecuencias del bloqueo presupuestario sobre el trabajo de la Fiscalía.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advirtió que quedarían comprometidas compras y mantenimiento de equipo policial, científico, médico, tecnológico y de comunicaciones necesario para la investigación y el combate al crimen.
El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó el impacto que tendría la restricción sobre la capacidad operativa de la Policía Judicial.
El Poder Judicial también señaló que las trabas para sustituir plazas vacantes podrían afectar la continuidad de procesos. En el caso de personas juzgadoras, una demora podría provocar la anulación de un juicio o impedir la prórroga oportuna de una medida cautelar.
La afectación se extendería además a servicios de conectividad, ciberseguridad, infraestructura tecnológica y atención en oficinas ubicadas en zonas periféricas.
El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, advirtió sobre las posibles consecuencias para la atención de las personas usuarias y el acceso a la justicia.
La Corte Plena acordó encargar a la Presidencia del Poder Judicial las gestiones ante el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para defender el presupuesto institucional.
El Poder Judicial aclaró que no se opone a los controles de fiscalización y rendición de cuentas, sino al mecanismo utilizado para condicionar la liberación de los recursos.
