La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) acusó al bloque oficialista de desacatar una orden de la Sala Constitucional, luego de que una moción legislativa impidiera votar los nombramientos de nueve magistrados suplentes de ese tribunal.
El pronunciamiento señala que el 29 de setiembre el Plenario debía votar la designación de los suplentes, pero una moción de orden de la fracción oficialista, aprobada con sus propios votos, devolvió la nómina a la Comisión de Nombramientos.
Según RENASES, esa decisión desconoce una resolución de julio en la que la Sala declaró ilegítima la devolución de la nómina y ordenó al Plenario conocer y resolver las designaciones.
La organización calificó el hecho como una ruptura del orden constitucional y advirtió que ninguna mayoría legislativa está por encima de la Constitución. También señaló que la Sala Constitucional lleva más de nueve meses sin magistrados suplentes, situación que, a su criterio, afecta a las personas que acuden a la justicia para defender sus derechos.
El pronunciamiento sostiene que la falta de suplentes puede repercutir en la atención de recursos de amparo relacionados con servicios de salud, protección del agua y el territorio, así como reclamos laborales.
La red exigió a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la fracción oficialista cumplir de inmediato la orden de la Sala Constitucional y someter los nombramientos a votación del Plenario.
Además, respaldó la gestión por desobediencia anunciada por las fracciones del Bloque Democrático y pidió a la Sala IV y al Poder Judicial aplicar las potestades que establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional, incluido el traslado del caso al Ministerio Público cuando corresponda.
RENASES también llamó a la Defensoría de los Habitantes, colegios profesionales, universidades públicas y otras organizaciones a pronunciarse en defensa del orden constitucional.
La organización vinculó el episodio con los recortes al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial, así como con los cuestionamientos públicos a la independencia judicial. A su juicio, estos hechos representan un riesgo de concentración de poder.
