Carlo Díaz: “Haré que el Ministerio Público sea un pilar fundamental del Estado de derecho”
El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la defensa de la Constitución y la ley será su principal prioridad durante el nuevo periodo al frente del Ministerio Público.
Tras su reelección por cuatro años más, afirmó que mantendrá el compromiso de fortalecer el papel de la Fiscalía como una institución clave para proteger el Estado de derecho y enfrentar la delincuencia.
Díaz advirtió sobre los riesgos del populismo para la institucionalidad democrática y sostuvo que la defensa del orden constitucional debe trascender los discursos y reflejarse en las actuaciones de las autoridades.
El jerarca también defendió la objetividad de la persecución penal y señaló que la Fiscalía debe acusar cuando cuenta con elementos de convicción, pero desestimar o solicitar sobreseimientos cuando las pruebas no justifican llevar un caso a juicio.
Díaz rechazó las críticas que, según indicó, utilizan estadísticas para cuestionar el trabajo del Ministerio Público sin tomar en cuenta la obligación de actuar con objetividad. Aseguró que la institución no debe presentar acusaciones forzadas solo para aumentar sus cifras.
El fiscal general también alertó sobre las consecuencias de una eventual reducción cercana a los ¢30.000 millones en el presupuesto del Poder Judicial para 2027.
Según advirtió, un recorte de esa magnitud afectaría la operación del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los servicios que reciben las víctimas y la ciudadanía.
Entre los riesgos que mencionó figura la pérdida de herramientas básicas de comunicación institucional, como el correo electrónico, debido a la falta de recursos para pagar las licencias informáticas. Díaz explicó que esa situación podría retrasar las respuestas a consultas de la prensa y dificultar la coordinación entre fiscales.
Además, advirtió que la Fiscalía tendría que cerrar oficinas en localidades como Cóbano, Garabito y Quepos si no cuenta con recursos para pagar los alquileres. En ese escenario, el personal tendría que trasladarse a otras sedes, lo que complicaría el acceso de las comunidades a los servicios judiciales.
Díaz insistió en que la defensa del Estado de derecho ocupa el primer lugar entre sus prioridades y afirmó que el Ministerio Público debe responder a la ciudadanía con investigaciones objetivas, respeto a la ley y acciones concretas contra la delincuencia.
