La Universidad Estatal a Distancia (UNED) cuestionó la exhibición pública de privados de libertad durante su traslado al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) y advirtió que estas medidas no resuelven las causas estructurales de la criminalidad en Costa Rica.
La encargada de la carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, señaló que las imágenes de reclusos rapados, con uniformes anaranjados y bajo estrictas medidas de seguridad deben motivar una reflexión sobre los límites del poder del Estado y el respeto a los derechos humanos.
El pronunciamiento surge después del traslado de los primeros 123 privados de libertad al CACCO, ubicado en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, el 26 de octubre.
La académica cuestionó que Costa Rica reproduzca prácticas penitenciarias similares a las de El Salvador, sin considerar las diferencias sociales, económicas e institucionales entre ambos países.
Jiménez reconoció la necesidad de fortalecer los controles penitenciarios para impedir que organizaciones criminales continúen sus operaciones desde las cárceles, pero advirtió que estas medidas no deben comprometer la dignidad humana.
La especialista también señaló que endurecer las condiciones de reclusión o exhibir públicamente a los privados de libertad no garantiza una reducción de la delincuencia ni constituye, por sí mismo, una estrategia efectiva de prevención.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz defendió las medidas del CACCO como parte de una estrategia para reforzar el control penitenciario y evitar que personas vinculadas con estructuras criminales mantengan sus actividades delictivas desde prisión.
Entre las disposiciones anunciadas destacan el corte de cabello, las restricciones de pertenencias personales, la vigilancia permanente y los protocolos especiales de custodia.
Finalmente, Jiménez sostuvo que el éxito de las políticas de seguridad no debe medirse únicamente por la cantidad de personas encarceladas, sino también por la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento criminal y lograr la reinserción social de quienes cumplen sus condenas.
