Más de 10 mil horas de ambulancias fuera de servicio desatan recurso contra la CCSS

La retención de camillas de la Cruz Roja Costarricense en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) provocó más de 10 mil horas acumuladas de indisponibilidad de ambulancias y pérdidas estimadas en ₡1.297 millones, entre enero y agosto de 2026.
Ante esta situación, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la CCSS, al considerar que esta práctica pone en riesgo los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad física de la población.
Según un informe de la Cruz Roja, durante los primeros ocho meses del año se registraron 3.465 incidentes relacionados con la retención de camillas en centros médicos del país.
La legisladora advirtió que esta situación impide que las ambulancias regresen oportunamente a las calles para atender nuevas emergencias.
Entre los centros médicos con mayores tiempos de retención figuran el Hospital San Rafael de Alajuela, con más de 2.300 horas; el Hospital Maximiliano Peralta de Cartago, con más de 2.100; y el Hospital Enrique Baltodano de Liberia, con más de 1.400 horas acumuladas.
El informe también señala que una unidad de Limón registró 172 horas asociadas a la retención de camillas en el Hospital Tony Facio, mientras que otra ambulancia de Liberia acumuló cerca de 130 horas en el Hospital Enrique Baltodano.
La diputada solicitó a los magistrados ordenar a la CCSS la implementación de medidas inmediatas para garantizar la liberación oportuna de las camillas y establecer un protocolo nacional obligatorio para la recepción de pacientes.
Además, pidió una medida cautelar para reducir los tiempos de retención mientras la Sala Constitucional resuelve el recurso.
La Cruz Roja advirtió que esta problemática reduce la disponibilidad de ambulancias, afecta la cobertura territorial y puede provocar retrasos en la atención de emergencias médicas.
La Sala Constitucional deberá analizar el recurso y determinar si la situación denunciada constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la población.



