CIDH pide garantía de transparencia en la elección de Fiscal y magistraturas vacantes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Costa Rica garantía de transparencia en la elección del Fiscal General y magistraturas vacantes del Poder Judicial.
Producto de que la elección del Fiscal se realizará en las próximas semanas, la CIDH informó que recibió observaciones en cuanto a la “falta de publicidad de documentos relacionados con las evaluaciones y calificaciones asignadas a las personas candidatas, o en la metodología y los criterios de evaluación de las entrevistas realizadas”.
Además, agrega que faltó “la consideración de criterios que no están relacionados con la capacidad profesional como la nacionalidad y edad; entre otros”.
La CIDH pidió al Estado costarricense “evitar la discrecionalidad en la selección o su realización con base en intereses particulares y/o partidarios que pudieran socavar la independencia judicial”.
El criterio fue emitido por en el marco de la elección que actualmente existe en cuatro magistraturas vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que estarían próximas a ser votadas por la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el órgano pidió el cumplimiento de estándares internacionales en el proceso de elección, pero además, asegura que debe haber una “adecuada representación de los diversos sectores sociales, en particular, garantizar la paridad de género en la integración de los órganos judiciales”
“La publicidad y transparencia debe ser garantizada a lo largo de todo este proceso, y se debe asegurar una amplia participación de la sociedad civil y otros actores interesados a fin de que tengan la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como de expresar su opinión sobre las personas candidatas”, cita el comunicado.
Finalmente, la CIDH celebró las recientes reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa y a la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecen hacer públicas todas las votaciones realizadas, tanto la selección de magistraturas de la CSJ por parte la Asamblea Legislativa, y la selección de la persona titular de la Fiscalía General por parte de la Corte Suprema.
