La Casa Blanca negó ignorar la orden de un juez federal que suspendió las deportaciones de venezolanos a El Salvador, en medio de un conflicto legal sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La administración argumentó que la orden judicial fue emitida cuando los migrantes ya habían sido expulsados.
El fallo, dictado por el juez James Boasberg, bloqueó temporalmente las deportaciones y exigió el retorno de cualquier avión en vuelo con migrantes, sin embargo, el gobierno confirmó que 250 venezolanos, presuntamente afiliados a la pandilla Tren de Aragua, ya estaban bajo custodia salvadoreña.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la medida al alegar que Estados Unidos no podía retener a «terroristas extranjeros» en su territorio.
No obstante, expertos legales advierten que el uso de esta ley, creada en 1798, es cuestionable y podría desencadenar un conflicto constitucional.
