La Defensoría de los Habitantes solicitó al país abordar la situación de la seguridad económica de la población adulta mayor, como su capacidad de disponer de forma independiente recursos económicos para satisfacer sus necesidades, mantener su autonomía y tomar sus propias decisiones.
Ante ello, el ente defensor realizó tres investigaciones donde tomó en consideración el criterio de más de 50 adultos mayores, quienes compartieron sobre su situación financiera.
En el primer caso, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) acató las recomendaciones de la Defensoría para elaborar un plan en seis meses, en los cuales, adopten medidas administrativas, para garantizar a los adultos mayores acceso al crédito que otorgan las entidades financieras públicas y privadas.
Respecto a la segunda y tercera investigación, se abordó la necesidad de que el sistema financiero adopte medidas para la promoción de acuerdos institucionales en la materia, para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el foce del ejercicio, en condiciones de igualdad, para integrar al adulto mayor en la sociedad y el sistema financiero.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, indicó que el mandato de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos no se puede limitar únicamente a las instituciones de derecho público, sino que este se extiende también a otros agentes no estatales, no solo en el marco de la denuncia, sino también a través del asesoramiento sobre los derechos humanos
Ante esto, la Defensoría señaló que se emitieron recomendaciones al INFOCOOP, con el fin de promover, principalmente entre las cooperativas del sistema financiero, las acciones debidas, asimismo se envió una alerta temprana a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), con el fin de impulsar la iniciativa tanto en la banca pública como la privada.
