Congreso avala ley para perseguir delitos ambientales como crimen organizado
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto que fortalece la persecución de los delitos ambientales vinculados con estructuras criminales, el cual incluye la minería ilegal, la tala ilícita y el tráfico de vida silvestre, y permite que las autoridades utilicen herramientas previstas en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
El diputado del Frente Amplio José María Villalta afirmó que la legislación actual impone penas demasiado bajas y limita la capacidad de las instituciones para investigar estas redes.
El legislador señaló que el caso de Crucitas evidencia la existencia de una estructura que financia la actividad, suministra recursos, extrae el material, lo procesa y lo comercializa como oro legal.
La reforma permitirá ampliar los plazos de investigación, intervenir comunicaciones y destinar recursos especializados para identificar a quienes financian y dirigen estas actividades.
El diputado Edgardo Araya destacó que la propuesta excluye de sus efectos directos a las personas que extraen arena de forma artesanal para subsistir en Upala.
El oficialista José Miguel Villalobos resaltó el acuerdo entre las distintas bancadas y reconoció los aportes de varias fracciones y equipos técnicos.
El diputado sostuvo que el proyecto demuestra que el Congreso puede alcanzar consensos para enfrentar la criminalidad ambiental sin perjudicar a comunidades que dependen de actividades artesanales.
El proyecto deberá superar el segundo debate antes de convertirse en ley.
