La Defensoría de los Habitantes advirtió que Costa Rica carece de una Política Nacional de Integridad y Combate a la Corrupción, a pesar de compromisos internacionales y de la urgencia que plantea el aumento en la percepción ciudadana sobre este problema.
La institución señaló que el país aún no establece un sistema de gobernanza que articule a las entidades públicas encargadas del tema.
Indicó que la falta de una política pública, su plan de acción y una rectoría clara provoca descoordinación institucional y añadió que esta situación reduce la efectividad de los esfuerzos individuales y mantiene al país estancado en el Índice de Percepción de la Corrupción.
La entidad mencionó que la ausencia de un sistema de gobernanza impide un aporte más amplio de organizaciones de sociedad civil, cámaras empresariales, asociaciones profesionales y academia.
El Poder Ejecutivo informó a la Defensoría que la construcción de la política anticorrupción inició en 2024 y explicó que existen borradores del documento, que aún falta completar el plan de acción y la sección de seguimiento, y que prevé una versión final antes de que concluya la actual administración.
Finalmente, señaló que la revisión definitiva se proyecta para abril de 2026.
