Defensoría indica que se tardó 1 año en resolver la atención integral de migrantes deportados
A la luz de la información divulgada por medio del comunicado presidencial, la Defensoría de los Habitantes estima urgente indicarle al Estado costarricense que no es suficiente decir que respetará los derechos humanos de las personas deportadas hacia Costa Rica, sino que debe dar muestras efectivas, con hechos concretos y evidencia, que permitan garantizar que la historia respecto al abordaje en la atención ocurrida el año anterior no se repetirá.
Para tal efecto, la Defensoría ante el nuevo acuerdo migratorio solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería, la remisión de un informe en el que se haga referencia a las medidas que se van a implementar en la atención y autorización de permanencia de las personas deportadas, que manifiesten el peligro o temor de persecución de retornar a sus países de origen.
Y si serán trasladadas al CATEM-sur, qué tipo de asistencia humanitaria recibirán y cómo se garantizará la satisfacción de sus necesidades básicas, durante el tiempo que estén en el país, así como en relación con la necesidad de establecer un protocolo de coordinación interinstitucional, como por ejemplo, la activa presencia del Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia, Cruz Roja, entre otras.
El Defensor de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, explicó la importancia de seguir los procedimientos.
La Defensoría de los Habitantes dio un seguimiento puntual a la situación de las 200 personas deportadas en el año 2025, y fue hasta enero del 2026 cuando las autoridades costarricenses emitieron una resolución que autorizó la prórroga de la permanencia migratoria.
Actualmente la Defensoría de los Habitantes monitorea la situación de un grupo de estas personas que permanecen en Costa Rica.
