Defensoría indicó que el AyA cuenta con altos niveles de agua no contabilizada
Como parte de la investigación sobre la gestión del portafolio de inversiones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), la Defensoría de los Habitantes examinó la evolución de las tarifas de agua potable y saneamiento, el comportamiento del Agua No Contabilizada (ANC) y su relación con la sostenibilidad de los servicios.
La investigación analiza el marco regulatorio tarifario vigente, los ajustes tarifarios reconocidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la evolución del indicador de ANC en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Además de los efectos que estos elementos pueden generar sobre la planificación institucional, la sostenibilidad financiera de los servicios y la asequibilidad para los usuarios.
La investigación determinó que la GAM mantuvo niveles de ANC persistentemente elevados durante todo el período 2019-2023.
Los porcentajes oscilaron entre 53% y 58%, pasando de 53% en 2019 a 56% en 2023, mientras que el valor más alto se registró en 2022 con 58%.
En términos prácticos, esto significa que entre 53 y 58 de cada 100 litros de agua producidos por el sistema no fueron facturados durante el período analizado.
Desde el AyA indicaron que el agua no contabilizada es un reto que la institución arrastra desde hace muchos años.
Por eso, desde la administración anterior tomaron la decisión de enfrentarlo con acciones concretas, sostenidas y con una visión de largo plazo.
También destacaron que el Programa de Reducción de Agua no contabilizada permitió sustituir más de 480 mil medidores domiciliares, además, se renovaron 392 kilómetros de tubería lo que contribuyó a recuperar un 4% del agua no contabilizada.
A esto se suma la implementación del plan de gestión de presiones en seis sectores de la GAM, mediante la instalación de más de 25 dispositivos inteligentes que optimizan el uso de más de 13 millones de litros de agua al día.
También se desarrolla un programa permanente de detección de fugas nocturnas, que permitió recuperar otros 13 millones de litros diarios, así como una estrategia institucional para combatir el fraude y las conexiones irregulares mediante herramientas tecnológicas especializadas y operativos de inspección en distintos sectores del país.
