Futuro de la revisión técnica vehicular está estancado en el Tribunal Contencioso
El proceso judicial que definirá el futuro de la inspección técnica vehicular en Costa Rica permanece sin avances en el Tribunal Contencioso Administrativo.
De acuerdo con una respuesta oficial remitida por la oficina de Prensa del Poder Judicial a una consulta de Noticias CRC, el expediente 26-000880-1027-CA continúa en trámite y todavía no tiene señalada la audiencia en la que se conocería el fondo del caso.
La información suministrada por el Poder Judicial indica textualmente: «El expediente por el cual consulta se encuentra en trámite y no tiene a la fecha señalamiento de audiencia. Es la información a la cual tenemos acceso».
La ausencia de una fecha para continuar el proceso mantiene en suspenso la resolución de un litigio que definirá el rumbo del servicio obligatorio de inspección técnica vehicular en el país.
El expediente se originó luego de que el Poder Ejecutivo, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), presentara una demanda de lesividad para intentar dejar sin efecto el acto de precalificación de la licitación internacional impulsada por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).
En dicho procedimiento se seleccionaron los dos consorcios que superaron la primera etapa del concurso y que debían avanzar hacia la fase final para escoger al nuevo operador del servicio.
El proceso licitatorio se desarrolló bajo la Ley General de Contratación Pública y culminó con un acto de precalificación que adquirió firmeza en la vía administrativa.
Mientras el proceso judicial permanece sin una definición, la empresa alemana Dekra continúa prestando el servicio de inspección técnica vehicular bajo la figura de un permiso en precario, esquema vigente desde el año 2022 y otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como medida transitoria mientras se define el operador definitivo.
La más reciente prórroga de ese permiso entró en vigor en setiembre de este año por un plazo de seis meses.
La falta de una resolución mantiene al país sin una definición sobre el modelo permanente de inspección técnica vehicular y prolonga un esquema temporal que, más de cuatro años después de iniciado, depende tanto de las decisiones administrativas como del avance del proceso judicial que se tramita en el Tribunal Contencioso.
