El Ministerio de Hacienda liberó ¢3.053 millones que mantenía retenidos al Poder Judicial para el tercer y cuarto trimestre de 2026, luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentó un recurso de revocatoria el 28 de julio anterior.
La retención correspondía al 10% de los recursos operativos del Poder Judicial, debido a que la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional fijaron un límite del 90% para las cuotas de gasto.
Para la politóloga Kattia Benavides, el caso tiene una lectura que va más allá del monto involucrado, ya que plantea interrogantes sobre el alcance que puede tener el Ejecutivo en la administración de recursos que ya fueron aprobados dentro del Presupuesto Nacional.
La politóloga explicó que el presupuesto no constituye únicamente una herramienta financiera, sino también una expresión de las decisiones tomadas por el Poder Legislativo sobre la distribución de los recursos públicos.
Hacienda liberó dos montos de aproximadamente ¢1.526 millones cada uno, correspondientes al tercer y cuarto trimestre.
El Poder Judicial aclaró que los ¢3.053 millones no representan recursos adicionales, un aumento presupuestario ni una nueva asignación. La Corte explicó que estos fondos ya formaban parte del presupuesto aprobado y programado para 2026. Además, señaló que el monto no guarda relación con los ¢13.220 millones que Corte Plena acordó ceder el 27 de junio.
Sobre si lo ocurrido podría interpretarse como una afectación a la separación de poderes, Benavides consideró que no es posible afirmarlo únicamente a partir de este caso, aunque sí señaló que existe un elemento institucional que merece atención, especialmente por el contexto de diferencias entre el Gobierno y el Poder Judicial.
Benavides valoró positivamente que Hacienda finalmente liberara los recursos, al considerar que la decisión evita una escalada del conflicto, sin embargo, advirtió sobre la importancia de que las decisiones relacionadas con la ejecución presupuestaria no sean interpretadas como una forma de presión sobre otros poderes de la República.
El Poder Judicial advirtió que la falta de esos recursos podía afectar combustible, viáticos, mantenimiento de vehículos, peritajes y operativos policiales, así como provocar la reprogramación o suspensión de juicios y audiencias.
