El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del segundo circuito judicial de San José frenó el Decreto Ejecutivo N° 43642 del Gobierno, el cual entró en vigencia el 12 de agosto de 2022 y que pretendía modificar los derechos arancelarios a la importación del arroz en granza y pilado.
Esta decisión se dio luego de que un grupo de productores de arroz de la región Pacífico y Brunca presentara una solicitud de medida cautelar definitiva contra el Estado.
Dicho proceso inició el 9 de agosto del 2022, con una medida cautelar urgente que fue rechazada el 9 de noviembre del mismo año, cuando el Estado contestó negativamente la demanda.
Esta solicitud se basa en el impacto negativo que el Decreto Ejecutivo N° 43642, de desregulación arancelaria del precio del arroz, ha tenido en los productores nacionales.
La jueza, Patricia Lorena Calderón, concluyó que la solicitud de medida cautelar no es temeraria ni carente de seriedad y reconoció que el sector arrocero nacional resulta afectado y que el decreto impugnado crea una desventaja para los productores locales.
Ante esto, la jueza ordenó la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo N° 43642 “Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación de Arroz en Granza y Pilado”; en este caso, los implicados tienen la posibilidad de apelar esta decisión ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo.
El director ejecutivo de Conarroz, Fernando Araya, detalló los pasos a seguir tras este fallo.
Los demandantes alegan que el decreto impugnado afecta gravemente los intereses de los productores nacionales, mientras que el Estado argumenta que la medida no está fundamentada en daños actuales o potenciales.
