ONU y Corte Plena elevan presión sobre el Gobierno por recorte que pone en riesgo la justicia
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por el recorte presupuestario aplicado al Poder Judicial de Costa Rica.
En la red social X, afirmó que la reducción de recursos podría comprometer investigaciones, juicios y otros servicios esenciales durante este año y los siguientes.
Satterthwaite señaló que la independencia judicial requiere recursos suficientes para garantizar el funcionamiento efectivo de los tribunales. Además, advirtió que el desfinanciamiento de la justicia puede debilitar el acceso a la justicia y el Estado de derecho.
El pronunciamiento surgió después de que la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) alertara a organismos internacionales sobre la situación.
En una sesión de Corte Plena, magistrados calificaron el congelamiento de casi ₡3.000 millones como una amenaza para la independencia judicial.
El director del OIJ, Michael Soto, advirtió que la institución podría cancelar operativos por falta de combustible y viáticos, mientras el fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la medida busca «tomar» al Poder Judicial.
El magistrado Jorge Araya afirmó que el país enfrenta «golpes presupuestarios» contra la democracia y sostuvo que, al ritmo actual, el Poder Judicial podría tener dificultades para concluir sus labores este año.
El Ministerio de Hacienda justificó la decisión por la situación fiscal del país, mientras el Poder Ejecutivo defiende su potestad para aplicar ajustes presupuestarios, sin embargo, la Corte Plena acordó explorar vías legales para revertir la medida, en medio de una creciente preocupación nacional e internacional por sus posibles efectos sobre la independencia judicial.
