El Poder Judicial condenó la agresión contra una jueza de la República ocurrida este 17 de abril y exigió una investigación pronta, rigurosa e imparcial.
La institución afirmó que ningún acto de violencia o intimidación contra operadores de justicia puede ser tolerado en un Estado democrático.
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia señaló que el ataque constituye una grave afrenta contra la integridad personal de la funcionaria y contra la independencia judicial y subrayó que el sistema de justicia se ve comprometido cuando se intenta presionar a quienes aplican la ley.
El magistrado presidente, Orlando Aguirre, solicitó a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales y reiteró que la justicia no se intimida y que los jueces deben ejercer sus funciones con firmeza.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Costa Rica emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente la agresión y pidió a la Corte Plena una respuesta pública en defensa de la independencia judicial.
La organización indicó que se mantendrá vigilante y valorará acciones legales si no recibe una respuesta institucional satisfactoria.
Ambas instancias coincidieron en que el respeto a la institucionalidad y la seguridad de quienes administran justicia resultan esenciales para la convivencia democrática del país.
