La diputada del Frente Amplio (FA) Sigrid Segura presentó un proyecto de ley que busca impedir que el Gobierno utilice la figura del secreto de Estado para ocultar información relacionada con compras públicas.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.752, pretende establecer límites claros a una figura que actualmente no cuenta con una regulación específica en Costa Rica.
El proyecto fija un plazo máximo de cinco años para mantener información bajo secreto de Estado, con posibilidad de una única prórroga por el mismo periodo.
También obliga al Poder Ejecutivo a consultar previamente a la Procuraduría General de la República (PGR) antes de emitir una declaratoria de este tipo.
La propuesta prohíbe que los montos de las compras públicas y los expedientes administrativos de contratación sean declarados secretos de Estado.
Segura cuestionó que este tipo de mecanismos puedan limitar la fiscalización ciudadana y el acceso de la prensa a información de interés público.
La iniciativa surge tras el decreto emitido por el Gobierno de Laura Fernández que declaró confidencial información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Fuerza Élite y las operaciones destinadas a proteger jerarcas.
La declaratoria también alcanza información presupuestaria y etapas de contratación pública vinculadas con estas operaciones de seguridad.
El proyecto también permite que autoridades judiciales ordenen la desclasificación inmediata de información cuando existan indicios de violaciones a garantías constitucionales.
Además, plantea que no se sancione penalmente a quienes revelen o investiguen información clasificada cuando ésta permita exponer posibles delitos o violaciones a los derechos humanos.
