Trabajadores sociales advierten que recortes al Poder Judicial ponen en riesgo la seguridad del país
El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica advirtió que los recortes presupuestarios al Poder Judicial debilitan la respuesta del Estado frente al crimen organizado y ponen en riesgo la seguridad de todo el país.
El gremio señaló que las reducciones acumuladas para 2025 y 2026 alcanzan los ₡21.000 millones, pese a que Costa Rica mantiene cifras cercanas a los 900 homicidios por año.
Según el Colegio, esta disminución de recursos podría afectar la capacidad operativa del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la atención de las víctimas, la reducción del rezago judicial y las acciones contra el crimen organizado.
La organización afirmó que la seguridad ciudadana no depende únicamente de aumentar la cantidad de policías o endurecer las leyes, sino también de contar con instituciones sólidas y con los recursos necesarios para investigar delitos, proteger a la población y garantizar justicia.
La vocera del Colegio de Trabajadores Sociales, Clare Mata, señaló que los recortes impulsados por el Gobierno debilitaría al Poder Judicial.
El Colegio recordó que el país superó los 900 homicidios en 2023, mientras que en 2024 y 2025 las cifras se mantuvieron cerca de ese nivel.
Aunque para 2026 se proyecta una disminución, el crimen organizado continúa como el principal responsable de la violencia letal y estuvo vinculado con seis de cada diez homicidios registrados durante el primer cuatrimestre del año.
El gremio también señaló que la violencia responde a factores como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la informalidad laboral, las brechas territoriales y la falta de oportunidades.
Además, indicó que entre 2019 y 2024 se aprobaron 46 leyes en materia de seguridad, pero el Estado no asignó al sistema judicial los recursos necesarios para asumir esas nuevas responsabilidades.
El Colegio de Trabajadores Sociales solicitó que las decisiones sobre el financiamiento del Poder Judicial respondan a criterios técnicos y consideren su impacto sobre la seguridad ciudadana, la atención de las víctimas y la defensa del Estado de derecho.
