Tribunal frena orden de la Contraloría y mantiene contratos estratégicos del ICE
El Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar solicitada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y frenó la orden de la Contraloría General de la República (CGR) que suspendía el uso de alianzas estratégicas con empresas privadas.
La medida evita interrupciones en servicios públicos esenciales, entre ellos el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la conectividad a internet de centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP).
La disputa surgió después de que la Contraloría investigó contrataciones directas entre el ICE y diez instituciones públicas, donde determinó que esas entidades evitaron procesos de licitación pública mediante el uso ilegítimo de la contratación directa entre entes de derecho público.
La CGR también detectó una participación sustancial de empresas privadas en labores de desarrollo técnico, equipamiento de hardware y software y mantenimiento. Según la investigación, esta práctica redujo el papel del ICE a funciones comerciales y administrativas, pese a que el Instituto debería asumir al menos el 70% de la ejecución de este tipo de contratos.
La Contraloría advirtió que este esquema limita la competencia y reduce las posibilidades de obtener mejores precios. Además, ordenó al ICE limitar las subcontrataciones, reforzar los controles y evaluar sus alianzas vigentes.
