Un ciudadano y usuario del servicio de inspección vehicular presentó un apercibimiento legal contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por las declaraciones del ministro, Efraim Zeledón, sobre la posible anulación del proceso de licitación pública que definiría la nueva concesión para la revisión técnica vehicular.
La advertencia fue dirigida tanto al ministro como al viceministro Carlos Ávila y a los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). El ciudadano cuestiona la intención de frenar la licitación pública 2023LY000002-0058700001, la cual ya se encuentra en su segunda etapa con dos empresas precalificadas, en un proceso avalado por la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Contencioso Administrativo.
De acuerdo con el documento del cual NoticiasCRC tiene copia, anular la licitación constituye una extralimitación de funciones por parte del ministro, quien no tiene competencia para tomar esa decisión de forma unilateral, dado que la responsabilidad recae exclusivamente sobre el órgano colegiado del COSEVI. Además, advierte que una acción de ese tipo podría configurar delitos como prevaricato o desviación de poder.
El ciudadano también señala que la Sala Constitucional, en la resolución 2024030616, declaró inconstitucional la figura del permiso precario para operar servicios públicos como la inspección vehicular, obligando al Estado a utilizar el mecanismo de licitación formal. Por tanto, insiste en que cualquier intento de revertir el proceso actual violaría lo dispuesto por la Sala IV y pondría en riesgo la legalidad de las actuaciones administrativas.
Además, se cuestiona el desempeño de la empresa actualmente a cargo del servicio, y se señala una falta de inversión, reducción de cobertura y el uso de equipos obsoletos. A criterio del denunciante, frenar el proceso sólo abriría la puerta para extender su operación de manera irregular.
Finalmente, insta a los miembros del COSEVI a respetar la normativa constitucional, las resoluciones de la Contraloría y el fallo de la Sala Constitucional. De no hacerlo, advierte que emprenderá las acciones civiles y penales correspondientes contra quienes avalen una eventual anulación.
