La Contraloría General de la República avaló la contratación impulsada por el Poder Ejecutivo para la compra de tobilleras electrónicas.
La licitación fue promovida por el Ministerio de Justicia y Paz, para el “Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad”.
La Contraloría confirmó que fueron declarados sin lugar tres recursos de apelación en contra del Poder Ejecutivo para el servicio de monitoreo electrónico de privadas de libertad.
El consorcio formado por Radiográfica Costarricense (RACSA) y socios brasileños fue adjudicado por un plazo de 48 meses y un precio unitario de 5,9$ por tobillera.
El actual contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia venció este 8 de marzo.
