MOPT cuestiona que jueces permitan operación de buses de empresas sancionadas en perjuicio de los usuarios
El Ministerio de Obras Públicas Y Transportes (MOPT) cuestionó este martes recientes decisiones judiciales que permiten la continuidad en la operación de empresas autobuseras sancionadas por incumplir requisitos básicos y cuya permanencia va en perjuicio de los usuarios.
Así lo expresaron mediante un video tanto el jerarca de la entidad, Luis Amador, como el viceministro del área de Transportes, Carlos Ávila, en el cual hacen un llamado al Poder Judicial para que eviten el uso de las medidas cautelares en el proceso Contencioso Administrativo como herramienta que a la postre, afecta a los pasajeros de rutas en que se sustituya al operador por incumplimientos comprobados.
Las declaraciones de ambos jerarcas se distribuyeron a la prensa luego de que la noche de este lunes una unidad de la autobusera Empresa Alfaro que se dirigía a Nosara se prendió en llamas en el sector de Matapalo de Abangares, Guanacaste, donde afortunadamente los pasajeros lograron salir a tiempo y ponerse a salvo.
Precisamente el viceministro Ávila explicó que Empresa Alfaro es una de las firmas a las cuales el Consejo de Transporte Público (CTP) le canceló el permiso de operación en la ruta a Nicoya, Hojancha, Nosara, Carrillo y Sámara debido a anomalías comprobadas, como uso de buses con la vida útil vencida y deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Ante esa situación, el Consejo abrió un concurso en que invitó a empresas que compartiera el recorrido a Nicoya y estuvieran en regla y le adjudicó la ruta a la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), que al 31 de agosto tenía unidades nuevas listas para asumir la ruta, tal como se lo indicó dicho Consejo.
No obstante, una acción de Empresa Alfaro ante el Tribunal Contencioso provocó que un juez suspendiera temporalmente la entrada en operación de los nuevos autobuses y mientras resuelve la queja, más bien le extendió la operación de la empresa sancionada.
Ávila, detalló las principales preocupaciones de la cartera que dirige y cómo la decisión de los jueces afecta a los usuarios del transporte público.
Por su parte, el ministro Luis Amador expuso también la preocupación de su cartera puesto que, ante las irregularidades que les han comprobado a varias empresas, las con acciones judiciales los sancionados detienen los cambios que benefician a los usuarios.
Amador citó, por ejemplo, los casos de Alfaro en Nicoya y de Busetas Heredianas, en la ruta Heredia a San José, cuyo cambio también se ha postergado por acciones judiciales.
En relación con el incendio del autobús de Alfaro, Noticias CRC consultó al CTP acerca de las condiciones en las que el bus estaba brindando el servicio en la ruta de Nicoya, pues no era un bus de la flota de dicha firma.
Según la respuesta, a la unidad incendiada, placa SJB 13876, se le había otorgado permiso de operar hasta el 30 de setiembre en la ruta 1507 (Nicoya) puesto que ante la falta de unidades para cubrir los recorridos, la empresa Alfaro lo solicitó como refuerzo.
