Viceministro de Transportes en la mira por reuniones con implicados en caso “Madre Patria”
El viceministro de Transportes, Carlos Ávila se encuentra bajo la mira de la auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que abrió una investigación en su contra por la supuesta participación en el caso conocido como “Madre Patria”.
Al funcionario lo relacionan con un grupo de empresarios autobuseros, luego de que de que al parecer se mencionará su nombre en una conversación telefónica de uno de estos grupos sospechosos de cometer fraudes registrales y legitimar capitales con empresas de transporte público.
Además, en apariencia Ávila mantuvo reuniones con esto grupos para discutir temas referentes a la operación de las rutas de buses que tenían.
La intensión era no permitir la operación de otra ruta de autobuses de Alajuela, para que solo una se adjudicara todo el control.
El ministro del MOPT, Mauricio Batalla, confirmó que se solicitó ante la auditoria de esta institución, proceder con las revisiones con base en las declaraciones de Ávila quien expresó reunirse una única vez con una de las empresas para una audiencia.
En una publicación del diario La Nación, quienes indican tener copia del expediente del caso “Madre patria”, se menciona que este grupo tenía vínculos con funcionarios del Consejo de Transporte Público (CTP), que, presuntamente, recibían efectivo, ayudas y otro tipo de dádivas a cambio de favorecer a ciertas compañías autobuseras, utilizadas como mampara para lavar dinero.
Asimismo, entre otros beneficios con lo que contarían estos grupos, se garantizaban nuevas concesiones de rutas, agilizar trámites, obtener permisos y evadir pagos.
El jerarca del MOPT agregó que ese tipo de reuniones, cuando ocurren, se desarrollan con un asesor legal que los acompaña.
Aunado a esto, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada infirmó que, de los 35 detenidos en este caso, se solicitaron medidas cautelares en contra de 28.
Los restantes siguen investigados, apegados al proceso penal, sin la necesidad de cumplir medidas cautelares.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presume que estas personas forman parte de una organización criminal, la cual es investigada por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
