Una propuesta busca dar un rango constitucional a la lengua de señas costarricense (LESCO), a fin de que el Estado tenga la responsabilidad de protegerla y promoverla junto al español y las lenguas indígenas autóctonas.
La reforma la propuso la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, junto con representantes de varias organizaciones de personas sordas.
Alpizar señaló que la iniciativa permite a Costa Rica posicionarse como un referente en materia de inclusión, lo cual es importante para la atracción de cooperación y captación de recursos.
A este proceso de construcción participativa del proyecto de ley, se sumaron, organizaciones como: la Asociación Nacional de Sordos Señantes y Educadores de LESCO (Anselesco), la Asociación de Personas Sordas de la Gran Área Metropolitana (Apsorgam), entre otras.
