Comisión cierra con informes enfrentados y visiones opuestas sobre la crisis en la CCSS
La Comisión Especial que investigó presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concluyó su labor con dos informes que evidencian una profunda división sobre las responsabilidades políticas en la crisis institucional.
El informe de minoría lo presentó la diputada liberacionista Andrea Álvarez y lo respaldaron Paulina Ramírez, también del PLN, y Rocío Alfaro, del Frente Amplio.
El documento señala posibles injerencias políticas, improvisación en programas como el de mamografías y debilitamiento de la autonomía técnica de la CCSS. Además, recomienda trasladar el informe a la Contraloría, al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Ética Pública para valorar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El informe de mayoría lo presentó el diputado oficialista Daniel Vargas y lo respaldaron María Marta Carballo, del PUSC; Olga Morera, de Nueva República; y el diputado independiente Luis Diego Vargas.
El texto atribuye las fallas a problemas estructurales acumulados durante años y a deficiencias en niveles operativos y mandos medios. En el llamado “caso Barrenador”, el informe no establece responsabilidades individuales contra la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel.
Durante la discusión, la diputada Paulina Ramírez intercambió señalamientos con la diputada María Marta Carballo.
Andrea Álvarez calificó el informe de mayoría como complaciente ante las presuntas irregularidades.
Daniel Vargas defendió el contenido del informe y sostuvo que el análisis se centró en aspectos técnicos y estructurales.
Ambos informes pasarán ahora al Plenario Legislativo, donde las diputaciones deberán conocerlos y definir el trámite correspondiente.
