Recaudación de impuestos cae y déficit fiscal aumentaría al cierre de 2026, advierte la UNA
La recaudación tributaria de Costa Rica muestra un debilitamiento progresivo y el déficit financiero del Gobierno Central podría alcanzar entre el 3,8% y el 3,9% del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2026, según un análisis del Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional (UNA).
El informe, con datos a agosto, señala que los ingresos totales del Gobierno Central bajaron del 9,44% del PIB en 2025 al 9,18% en 2026. La caída también alcanza a los ingresos tributarios, que pasaron del 8,35% al 8,08% del PIB durante ese mismo periodo.
El académico del OES-UNA, Fernando Rodríguez, explicó los datos expuestos por el estudio de la Universidad.
El debilitamiento de los ingresos coincide con un aumento del gasto total, que pasó del 11,40% al 11,44% del PIB entre agosto de 2025 y agosto de 2026. El gasto en intereses también creció y alcanzó el 3,08% del PIB, frente al 3,01% del año anterior.
Esta combinación deterioró el resultado fiscal. El déficit financiero llegó al 2,26% del PIB a agosto, por encima del 1,97% registrado en el mismo periodo de 2025. El superávit primario, por su parte, bajó del 1,05% al 0,82%.
Para el cierre de este año, el Observatorio estima un déficit financiero de entre el 3,8% y el 3,9% del PIB, un superávit primario de entre el 0,5% y el 0,6%, y un gasto en intereses que podría alcanzar entre el 4,5% y el 4,6% del PIB. También proyecta que la deuda del Gobierno Central se ubique entre el 61% y el 62% del PIB.
El informe advierte que la reducción de los ingresos tributarios podría prolongarse durante 2027 y limitar aún más los recursos disponibles para atender las necesidades del país. Ante ese escenario, el OES plantea mejorar los controles contra la evasión, revisar los tributos con menor recaudación y promover reformas para fortalecer los ingresos públicos.
El observatorio también cuestiona que el ajuste fiscal dependa de la contención del gasto, pues considera que esa estrategia puede debilitar servicios como seguridad, educación, justicia, infraestructura y protección social.
