La contralora general Marta Acosta indicó que la Contraloría no tiene un mandato legal que permita una correcta fiscalización de la deuda política.
Así lo expuso Acosta ante los diputados de la Comisión Legislativa que investiga los gastos de campaña del Partido Acción Ciudadana del 2002, 2006 y 2010.La contralora aclaró que la tarea de ellos es de acompañamiento en estos casos con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La jerarca reveló que durante la campaña del 2006 el Ministerio Público recibió denuncias por aparentes irregularidades contra el Partido Renovación Costarricense (PRN), Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Contra Renovación Costarricense, la Fiscalía tuvo tres expedientes, dos de Liberación Nacional y con la Unidad como imputada se recibió una denuncia.
