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Organismos respaldan labor de Defensora de los Habitantes y piden respetar autonomía

Por Redacción

La Federación Iberoamericana del Ombudsman mostró un apoyo total a la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, quien ha sido objeto de cuestionamientos de sectores políticos que piden su cabeza, tras investigar el papel que cumplió la Unidad de Análisis de Datos (UPAD) en la Presidencia de la República.

La organización, que está conformada por funcionarios de distintos gobiernos en defensa de los derechos humanos, hizo un llamado a que se respete la autonomía y la independencia de la institución.

Mientras tanto, el Consejo Centroamericano de Procuradores de los Derechos Humanos (CCPDH) también mostró su preocupación por los ataques que ha recibido Crespo en las últimas semanas, principalmente por grupos políticos afines al Gobierno y por un grupúsculo dentro de la Defensoría de los Habitantes que incluso le pidió la renuncia a Crespo, a lo que la jerarca les ha respondido que no se irá.

El Consejo se pronunció ante la «amenaza contra la independencia funcional y de criterio de Catalina Crespo».

Para el Organismo, el ataque contra la defensora vulnera normas internas e internacionales de derechos humanos, reconocidos en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Señalaron además que «se ve con enorme sorpresa y preocupación los ataques de que está siendo objeto la Defensora de los Habitantes, por parte de diferentes sectores, los cuales repudiamos y externamos nuestro total apoyo a su gestión, ya que son evidentes las manifestaciones para su destitución por investigar una clara violación al derecho y protección de los datos privados de los y las ciudadanas costarricenses».

Recordemos que Crespo inició una investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), y ha señalado varios elementos muy serios en relación con el manejo que hacía esa unidad que además es investigada por la Fiscalía General de la República y donde figura como investigado el propio presidente Carlos Alvarado.

El Consejo también lanzó fuertes críticas al gobierno de Carlos Alvarado por las limitaciones que enfrentan los medios de comunicación con conferencias de prensa en las que se restringe las preguntas por parte de los periodistas.

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