Por Alejandro Meléndez D.
El Gobierno presentó un texto sustitutivo del proyecto de ley para la creación de un fondo de avales y garantías, el cual que tiene como objetivo facilitar el acceso a financiamiento a personas y empresas afectadas por la pandemia.
El nuevo texto elimina la figura del fideicomiso, crea el Programa Nacional de Avales y Garantías a cargo del Ministerio de Hacienda, el cual contaría con un Consejo Rector conformado por el Jerarca de esta institución y dos miembros externos nombrados por el Poder Ejecutivo, cuyo perfil y competencias se definirán en el reglamento a la Ley.
Este Programa Nacional forma parte de las iniciativas del Gobierno para reactivar la economía, tendrá una vigencia de 15 años, que es el plazo máximo del financiamiento; cubrirá aquellas operaciones crediticias otorgadas o reestructuradas en un plazo de 18 meses a partir de su entrada en funcionamiento y el Consejo Rector podrá extender este periodo hasta por seis meses.
Con el propósito de llevarlo adelante, el Estado realizará un aporte de ¢180 mil millones, para lo cual presupuestará ¢3 mil millones en forma anual y sucesiva hasta completar el monto total.
Por su parte, los beneficiarios deberán operar en territorio nacional y asumir el compromiso de mantener el empleo, al menos al nivel existente, al momento de recibir el crédito avalado y durante todo el plazo que cubra esta garantía.
El nuevo texto también define la participación de los intermediarios financieros supervisados por la SUGEF que quedarán autorizados para otorgar créditos, moratorias, realizar reestructuraciones y llevar a cabo refinanciamientos.
El proyecto de ley se encuentra en estudio de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
