Por: Jose Daniel Sandoval
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) indicó que los delitos de peculado, peculado de uso y malversación de fondos son los más comunes entre los atribuidos a funcionarios públicos.
El fiscal adjunto de la FAPTA, Glen Calvo, destacó que los fondos públicos son todos aquellos recursos o activos que pertenecen al Estado, incluyendo fuentes externas, nacionales o internacionales.
La legislación costarricense establece que el delito de peculado lo comete el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.
La persona que cometa este delito se expone a una pena de tres a 12 años de prisión.
Mientras que, el peculado de uso, lo configura el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella.
Esta conducta puede ser reprimida con tres a dos años de prisión.
El especialista detalló que la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito establece tres categorías de persona funcionaria pública:
- Quien es investido y nombrado por una institución para una función pública.
- Aquella persona que realiza una labor o maneja por un tiempo determinado fondos públicos a nombre del Estado.
- La persona que, sin ser pagada, de manera ad honorem, maneja fondos públicos o representa al Estado.
