Defensoría de los Habitantes advierte aumento de trabajo infantil por recortes en programas sociales
La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el riesgo inminente de un incremento en las cifras de trabajo infantil en Costa Rica debido a los recortes progresivos en los programas de la red de protección social.
El órgano defensor señaló que la disminución de recursos en planes clave como las becas Avancemos, los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los CEN-CINAI debilita la asistencia económica diseñada para aliviar la pobreza en miles de hogares vulnerables.
Además, la institución detalló tres sectores fundamentales donde las restricciones presupuestarias impactan de forma directa las estrategias nacionales de erradicación de la explotación laboral temprana.
El programa Avancemos sufrió una reducción del 19% en sus recursos económicos, los cuales pasaron de ₡113.400 millones en el año 2022 a ₡92.300 millones en el periodo 2025.
Según los datos oficiales del Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS) revelaron que esta contracción de fondos provocó la pérdida del beneficio para más de 86.000 estudiantes del sistema educativo formal.
La Red de Cuido Infantil enfrenta un estancamiento financiero que impide la apertura de nuevos cupos para las familias de escasos recursos, por lo que esta limitación obliga a los padres en condiciones de pobreza a trasladar a sus hijos a los entornos de trabajo informal, como la agricultura o las vías públicas, o a dejarlos bajo la tutela de otros menores de edad.
A este escenario se suman las restricciones en los comedores escolares del MEP, servicio de equidad que combate la exclusión escolar y frena la inserción laboral prematura.
La Defensoría censuró la política de austeridad fiscal del Gobierno y catalogó como inviable la práctica de financiar el ahorro público a costa del bienestar de la niñez.
Ante este panorama, el órgano defensor emitió un llamado enérgico al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para evitar cualquier propuesta de recorte adicional a los fondos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el IMAS, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el MEP durante las discusiones presupuestarias.
Las autoridades del ente recordaron que el trabajo infantil constituye un síntoma directo de la pobreza, por lo que el Estado debe garantizar el financiamiento sostenible de sus políticas sociales para cumplir con sus compromisos internacionales.
