Panamá impone estado de urgencia y desconecta Bocas del Toro en plena crisis social
El Gobierno de Panamá declaró un estado de urgencia en Bocas del Toro y ordenó la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas la libertad de tránsito, reunión y expresión. Además, usuarios reportaron cortes en el servicio de internet desde la madrugada del sábado.
Las medidas se aplican en respuesta a una serie de protestas contra la Ley 462, que reforma el sistema de seguridad social; hasta el momento, las autoridades han detenido a 140 personas.
Las manifestaciones, que iniciaron a finales de abril, se intensificaron esta semana con saqueos a comercios y oficinas gubernamentales.
La Policía Nacional desplegó más de 1.900 oficiales en la provincia bajo la denominada “Operación Omega”, con el fin de restablecer el orden.
El subdirector policial Jorge Domínguez indicó que, con el estado de urgencia, los agentes pueden ingresar a viviendas sin orden judicial, aunque aseguró que las acciones se llevarán a cabo respetando los derechos humanos.
Las protestas se concentraron en Bocas del Toro luego de que trabajadores bananeros se sumaron a la huelga.
La empresa Chiquita Brands, que representa el 90% de la producción bananera nacional, despidió a unos 5.000 empleados que participaron en los bloqueos, y reportó pérdidas superiores a los $75 millones.
Aunque se aprobó una nueva ley con beneficios laborales para el sector, otros grupos no reconocieron el acuerdo y continuaron con las movilizaciones.
El presidente José Raúl Mulino defendió la Ley 462 al afirmar que busca asegurar la sostenibilidad de las pensiones y prestaciones de salud.
El Gobierno sostiene que la norma no privatiza el sistema ni modifica la edad de jubilación, sin embargo, sectores sindicales y de la sociedad civil se mantienen en las calles para exigir la derogación completa de la ley, mientras el estado de urgencia rige por cinco días.
